Mis razones para votar En Contra

Eduardo Bitran

Nos enfrentamos nuevamente a tener que decidir por aprobar una nueva Constitución o mantener la vigente. En la ocasión anterior voté Rechazo, por diversas razones. En lo económico, principalmente por los elevados riesgos fiscales y las trabas a la inversión que hubiera implicado su aprobación.

Lamentablemente, la propuesta actual interpreta sólo a un segmento minoritario de la sociedad. Es conservadora en lo valórico, extremadamente restrictiva respecto al rol del Estado en la economía, y presenta elevados riesgos fiscales.

“Es preferible seguir con la Constitución actual, idealmente con un compromiso antes del plebiscito de mejorar el sistema político y restablecer el quorum de dos tercios”.

Genera incertidumbre fiscal, al ampliarse la imputabilidad y responsabilidad del Estado como administrador, por falta de servicio, aspecto que hoy está regulado por ley. Además, se incorpora en la imputabilidad del Estado debido a: los riesgos creados por éste, la desigualdad ante las cargas públicas, la indemnización ante delitos terroristas y por todo el daño sufrido por estos hechos terroristas, aunque el Estado no haya tenido posibilidad de prevenir o mitigar.

También se generan riesgos fiscales por los derechos establecidos en salud y educación. Se garantiza a toda persona la elección del establecimiento educacional de su preferencia, ya sea estatal o privado, con la obligación de su financiamiento por el Estado. Si a esto añadimos los criterios para asignación de recursos entre lo público y privado que consideran la razonabilidad y calidad de la enseñanza, se generaría un sesgo contra la educación pública, que normalmente por localización capta estudiantes con menor capital socio-cultural, lo que afecta sus resultados de aprendizaje.

El texto dice que la ley establecerá un plan garantizado de salud universal, sin discriminación por edad, sexo o preexistencias, con la libertad de elegir el sistema público o privado. Se arriesga que aquellos cotizantes en que el 7% es insuficiente para afiliarse a una Isapre, el Estado deba cubrir la diferencia. Es decir, obliga por norma constitucional al Estado a establecer un subsidio a la demanda. No se permite que el plan básico considere un aporte obligatorio al financiamiento de bienes públicos en salud, que otorga el Estado a toda la sociedad. Todos estos temas son sujetos a interpretación, con riesgos de judicializar ámbitos que deberían ser opciones de política pública y no materia constitucional.

En pensiones, al establecerse la propiedad de cada persona sobre sus cotizaciones, se limita la posibilidad de licitar grupos de cotizantes, como se hace hoy para reducir las comisiones de las AFP. También se hace inviable establecer la compensación de riesgos de longevidad mediante rentas vitalicias obligatorias, como existe en la mayoría de los sistemas de pensiones del mundo desarrollado.

Es mi convicción que es preferible seguir con la Constitución actual, idealmente con un compromiso antes del plebiscito, de los partidos políticos del En Contra, de mejorar el sistema político y restablecer el quorum de dos tercios, generando así mayor gobernabilidad, estabilidad democrática y certidumbre económica.